Se reforma esta ley orgánica para asegurar que el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, control y petición serán gratuitos. Asimismo, garantizar la libertad de asociación. También, impartir en las instituciones educativas en cada año lectivo una asignatura referente a la participación ciudadana y la promoción e involucración en actividades de esta naturaleza. Y, por último, asegurar la respuesta judicial para garantizar estos derechos.