El proceso de descentralización en Honduras se ha caracterizado por una profunda brecha entre el discurso político normativo y la realidad financiera municipal, consolidando un modelo de descentralización asimétrica altamente centralizado donde las municipalidades apenas promedian un 1.37% del PIB en ingresos corrientes y el gobierno central logra transferir apenas el 4.03% de los ingresos tributarios del Gobierno Central, estipulado por ley. Esta asfixia presupuestaria genera una dependencia fiscal crítica en los municipios más postergados (categorías C y D, que operan con menos del 12% de autonomía financiera), fomenta la "pereza fiscal" y empuja al endeudamiento a las grandes urbes, las cuales concentran el 88.07% de la deuda municipal y destinan de forma ineficiente estos recursos a la inversión pública. De cara al futuro, los principales retos a seguir en un eventual proceso de descentralización radican en institucionalizar un Sistema Nacional de Financiamiento Municipal Sostenible y un Pacto Fiscal Municipal que optimice la recaudación propia (mediante el catastro y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles), profesionalizar la gestión local aplicando rigurosamente la Ley de la Carrera Administrativa Municipal para erradicar el clientelismo cuatrienal, y potenciar el asociacionismo intermunicipal a través de las mancomunidades y sus Unidades Técnicas Intermunicipales (UTI) como la plataforma viable para aprovechar economías de escala frente a la mitigación del cambio climático y el desarrollo económico regional.