Este artículo analiza el proceso de descentralización en Guatemala y examina cómo la autonomía municipal y la amplitud de competencias legales generan traslapes con el Organismo Ejecutivo que obstaculizan la articulación de políticas públicas. Se concluye que la efectividad de la descentralización debe medirse de manera concluyente a través de la mejora de los indicadores de desarrollo humano en los territorios.