El objetivo de este arti?culo es contraponer las previsiones relativas a la integridad del procedimiento de contratacio?n que provienen del Derecho Comunitario con el actual re?gimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pu?blico, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y determinadas disposiciones relacionadas con la transparencia y buen gobierno que se encentran en fase de elaboracio?n. Tambie?n persigue realizar una aproximacio?n sobre las implicaciones normativas que conllevan las medidas de las nuevas Directivas sobre contratacio?n pu?blica relativas a transparencia y control de la corrupcio?n, sobre todo en relacio?n con el conflicto de intereses y las conductas ili?citas en este a?mbito. Una labor que probablemente permita, adema?s, contribuir a depurar las causas de incompatibilidad, prohibiciones para contratar, y conductas ili?citas en el procedimiento de contratacio?n previsto en el ordenamiento juri?dico espan?ol.