En las últimas décadas se han hecho importantes avances en cuanto a metodologías, herramientas y calidad de información para la evaluación de impacto social de las políticas sociales. En la medida que los países han avanzado en hacer mejoras en la gestión operativa, también se ha logrado la incorporación de las evaluaciones como un pilar fundamental del desarrollo de políticas y programas sociales. Así, hoy es posible tener información valiosa en relación al impacto de diversas políticas en dimensiones tan relevantes como la pobreza, la desigualdad y la situación en salud, entre otros. Asimismo, se puede contar con información sobre el impacto redistributivo de las políticas sociales, lo que se logra a través del análisis del tamaño y características de la población beneficiaria de la inversión social efectuada.
No obstante lo anterior, existe poco conocimiento sobre el impacto económico de la política social. Al no ser éste uno de sus objetivos específico, no ha sido evaluado. Solo en los últimos años algunos investigadores han comenzado a ahondar en la estimación de este impacto, en particular en relación a los programas de transferencias condicionadas. El análisis se basa en la idea de que estos programas entregan recursos a los hogares que son destinados al consumo y que pueden afectar el mercado, al igual que pueden tener un impacto en el sector productivo o en el trabajo.
El presente documento busca avanzar en esta relación entre la política social y la economía, los recursos involucrados en su financiamiento y el impacto económico que esta genera, tanto a nivel micro como macro. Asimismo, se intenta una discusión sobre las alternativas metodológicas existentes para lograr medir dichos impactos en la región.
La discusión conceptual y metodológica aquí presentada es válida en general para toda la política social, no obstante que en el documento se hace un análisis más detallado para el caso de los programas de transferencias de ingreso, actualmente muy difundidos en la región.