La ley delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Establece los límites y plazos de la delegación, así como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas ante el Congreso. Su objetivo es agilizar la adopción de medidas legales en sectores estratégicos, promoviendo eficiencia administrativa y seguridad jurídica.