La Ley 4/2025 establece un marco normativo para simplificar, agilizar y digitalizar los procedimientos administrativos en España, promoviendo la eficiencia y reducción de cargas burocráticas. Introduce mecanismos de tramitación electrónica, interoperabilidad de sistemas y estándares de gobernanza digital para organismos públicos. Busca mejorar la transparencia, la calidad del servicio y la accesibilidad para los ciudadanos y empresas.