El presente trabajo analiza las medidas de apoyo y protección previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en comparación con la Directiva (UE) 2019/1937. Se examinan los instrumentos de apoyo jurídico, psicológico y financiero disponibles para los informantes, así como los límites de su responsabilidad y la eficacia de las garantías frente a las represalias. El estudio pone de relieve las deficiencias técnicas y sustantivas de la norma española, que transpone la Directiva con un carácter restrictivo y un alto grado de discrecionalidad administrativa, especialmente en las medidas calificadas de “excepcionales”. Se cuestiona, asimismo, la exclusión de determinados informantes del ámbito subjetivo de protección y la insuficiencia de los mecanismos de asistencia jurídica gratuita. Finalmente, se propone una lectura integradora que refuerce la tutela del informante como garante del interés público y de la integridad institucional, subrayando la necesidad de eliminar obstáculos normativos y garantizar un sistema de apoyo real, eficaz y accesible.