Esta ley constituye el marco jurídico esencial para la regulación integral de la Función Pública y el Servicio Civil, orientada a normar la gestión del personal que integra las instituciones estatales. Define los principios, derechos, deberes y procedimientos que regulan las relaciones laborales en el sector público, con el propósito de profesionalizar la administración pública y garantizar la eficiencia y transparencia en la prestación de los servicios estatales.