En el comienzo de siglo XXI, la innovación se encuentra en el centro de atención de la sociedad en general. Agentes económicos y administraciones públicas de todos los niveles invocan sus efectos en el incremento de la competitividad en el primer caso y en una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus electores en el caso de los gobiernos. Un claro indicio de esta forma de pensar lo encontramos en el papel creciente que desempeñan las políticas públicas de innovación, particularmente en la innovación tecnológica, pero sin olvidar la innovación social.

Las entidades locales deben asumir un compromiso activo en estos procesos innovadores de transformación territorial. Su proximidad con la ciudadanía y la relevancia de sus actuaciones en el contexto económico y social de proximidad convierten a las administraciones municipales en agentes privilegiados en el proceso de mejora de la calidad de vida de las personas.