La Comunicación Pública es un deber que deben garantizar los Estados. Y así queda reflejado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este derecho, en términos concretos vinculados a la comunicación que emana de los gobiernos, implica la responsabilidad de ofrecer oportuna y verazmente información que permita a la ciudadanía tener opinión para tomar decisiones y satisfacer su “Derecho a Saber”.

La comunicación pública cumple un papel vinculante esencial entre ciudadanía y gobierno. Su rol de servicio público, posibilita un ejercicio virtuoso de buen gobierno que se traduce en la oportunidad de sociedades que gozan de buena salud democrática. Activar la participación ciudadana e impulsar el control del quehacer eficiente de las administraciones, es una de las fortalezas de una comunicación pública eficiente. Así también la oportunidad de cocrear políticas públicas con el aporte de la comunidad y propiciar gestiones transparentes que cuentan con la confianza de la gente.

En este artículo se define la Comunicación Pública, la actuación de la misma y se recogen los principales obstáculos a asumir para avanzar en esta importante área que posibilita la proximidad de gestiones proactivas y modernas.