Esta Ley tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de vivienda de interés social a través de la generación y promoción de proyectos y planes habitacionales de iniciativa pública, privada o cooperativa. Asimismo, promueve la organización cooperativa y el desarrollo de la economía popular y solidaria en la planificación, oferta y solución de la demanda habitacional. Se establecen responsabilidades del Estado, que será asignar, generar y gestionar los recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros para el desarrollo de la vivienda de interés social. Además, amplía las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para el aprovisionamiento y gestión de la vivienda de interés social.