La adopción de la Agenda 2030 y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el énfasis puesto en el papel que deben jugar los gobiernos locales en la localización de los ODS, reabre una vez más, el debate sobre la capacidad de los mismos (o la falta de ella) para liderar su implementación.

La capacidad de los niveles de gobiernos subnacionales para localizar e implementar la Agenda 2030 depende no solo de la capacidad de sus recursos humanos, sino también del nivel de descentralización (nominal y formal) logrado en cada país. En general, el impacto general y las consecuencias de la descentralización política, administrativa y fiscal en América Latina sigue siendo un tema de controversia significativa (Rodríguez-Acosta & Rosenbaum, 2020). Después de muchas iniciativas de reforma legislativa y judicial, persiste una tendencia general hacia la preeminencia del poder ejecutivo nacional y una política relativamente centralizada. Además, varias evaluaciones recientes han cuestionado tanto la capacidad como la integridad de los funcionarios locales, así como la eficacia en la prestación de los servicios municipales. Otros analistas han sugerido que los gobiernos locales recientemente empoderados a menudo socavan la estabilidad fiscal nacional y la unidad gubernamental (Bardham y Mookherjee, 1998; Gomez Sabaini y Jimenez, 2012).

La pandemia de la Covid-19 agrega otra dimensión a las dificultades que enfrentan los gobiernos locales en su capacidad para localizar los ODS y lograr el cumplimiento de las promesas de la Agenda 2030. Este artículo revisará brevemente los esfuerzos de descentralización de la región, explorará el papel que los gobiernos locales han desempeñado en la implementación de los ODS según lo informado por las Reportes Nacionales Voluntarios (VNR) y, dada la pandemia de Covid-19, su capacidad para liderar la implementación de los ODS.