Entre las novedades que incluye esta reforma, destaca la tipificación del delito de sobreprecios en la contratación pública. El delito consiste en la posibilidad de sancionar a los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio sobre el ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado.