Este Reglamento tiene por objeto regular las funciones de la Secretaría de la Función Pública. Las facultades de la Secretaría de la Función Pública se sujetarán a cinco ejes rectores que promoverán: la ciudadanización del combate a la corrupción y a la impunidad; la democratización de las tecnologías; la protección a los ciudadanos alertadores internos y externos de la corrupción; el impulso de la profesionalización y el servicio profesional de carrera y, la austeridad republicana, fiscalización y evaluación de la gestión pública, que harán prevalecer la defensa a las víctimas de la corrupción e impunidad, auspiciando sus derechos e implementación de mecanismos de vigilancia ciudadana.